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Organizaciones sociales rechazan exclusión de anticoncepción de emergencia de proyecto de ley para víctimas de violación 

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Hicieron tambiéb un llamado a los diputados para que cuando tramiten el proyecto garanticen la anticoncepción de emergencia como parte de la atención integral de las víctimas de violación sexual.

La Fundación PANIAMOR, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Pediatría reprocharon este viernes la decisión de la Comisión la Mujer de la Asamblea Legislativa de excluir la anticoncepción de emergencia del proyecto de ley N° 23.633 que busca garantizar la atención integral de víctimas de violación sexual durante las primeras 72 horas posteriores a la agresión. 

“La protección de las mujeres de todas las edades víctimas de violación sexual constituye una obligación jurídica ineludible para el Estado costarricense, no una graciosa concesión ni una  decisión discrecional”, externaron las organizaciones en un pronunciamiento en conjunto. 

En esa línea, recordaron que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, y la Convención Americana, obligan al Estado costarricense a garantizar una debida diligencia reforzada, incluido  el acceso oportuno a servicios de salud integrales, seguros y basados en evidencia,  frente a la ocurrencia de  violencia sexual en perjuicio de mujeres, niñas y adolescentes.  

Agregaron que el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N.º 7739) en los artículos 1, 4, 5 y 9 establece la doctrina de protección integral, el interés superior de la persona menor de edad y la aplicación preferente de las normas más favorables a sus derechos. 

“Estos principios exigen que toda decisión legislativa coloque el bienestar, la salud, la dignidad y la protección efectiva de las niñas y adolescentes víctimas, por encima de consideraciones ajenas a sus derechos. Los servicios de salud sexuales y reproductivos deben ser prestados libres de violencia, discriminación y coerción, y constituyen un instrumento fundamental para prevenir violaciones de derechos humanos y daños a la salud”, añadieron las organizaciones.

Las organizaciones recordaron también que existe evidencia científica internacional sobre el mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia: las píldoras de emergencia previenen el embarazo producto de una violación al impedir o retrasar la ovulación; no son abortivas, no interrumpen un embarazo establecido ni dañan al embrión en desarrollo. 

“Excluir de una garantía legal una prestación ya reconocida en los protocolos nacionales, constituye un riesgo de regresividad en la protección de derechos y debilita la obligación estatal de brindar atención integral a las víctimas. No resulta admisible que, incertidumbres científicamente superadas, se traduzcan en nuevas barreras para quienes requieren la máxima protección del Estado”, destacaron.

Finalmente, hicieron un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que cuando tramiten el proyecto garanticen la anticoncepción de emergencia como parte de la atención integral, oportuna y digna a las víctimas de violación sexual, sin imponer requisitos innecesarios, como la prueba de embarazo previa a la prescripción, que retrasen su acceso.

El cambio en el proyecto de ley fue impulsado por diputadas del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quienes integran la Comisión.

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