“Esclavitud moderna: trabajar y no recibir salario. La vida no espera”. Este es parte del lema de la campaña publicitaria del Colegio de Enfermeras, instalada el miércoles 7 de octubre de 2026 en distintos soportes publicitarios de la Gran Área Metropolitana, en una primera etapa incluyó tótems, una parada de autobús y una valla publicitaria de gran formato; sin embargo, el 8 de octubre recibieron una notificación mediante correo electrónico por la empresa GPO Vallas de que uno de los espacios publicitarios contratados debía ser removido, señalando que dicha instrucción habría sido girada directamente por “personeros del Gobierno”.
Precisamente, la publicidad que fue removida corresponde a una valla instalada en una parada de autobús tipo C, frente a las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en San José, y a un tótem ubicado en la Plaza de la Cultura.
Los problemas de pago en la Caja desde hace varios meses han obligado a muchos funcionarios de la institución a pedir préstamos informales y a atrasarse con el pago de sus alquileres de vivienda. A eso se suman dificultades para pagar servicios básicos e incluso cubrir su alimentación y transporte, entre otros.
Así lo revelaron tres empleados de la CCSS entrevistados por UNIVERSIDAD, quienes describieron la tragedia que viven en sus hogares, a pesar de que todos los días asisten a laborar a diferentes centros médicos del país.
Gabriel Guido Sancho, presidente del Colegio de Enfermeras de Costa Rica confirmó a UNIVERSIDAD que las dos piezas publicitarias de la campaña “La Vida No Espera” retiradas denunciaban los atrasos salariales que afectan a profesionales de Enfermería de la CCSS.

¿En qué consistía la publicidad?
La campaña surge a partir de múltiples reportes recibidos en el Colegio de profesionales que han enfrentado pagos incompletos, atrasos prolongados, colillas salariales en cero y otras inconsistencias relacionadas con su remuneración.
En ese contexto, el Colegio consideró necesario visibilizar públicamente una situación que afecta directamente la estabilidad económica, familiar y laboral de quienes continúan cumpliendo con sus responsabilidades dentro de los servicios de salud.

No se trata de una campaña comercial ni partidaria. Se trata de una acción gremial legítima orientada a defender derechos laborales y a exigir respuestas institucionales sobre una problemática que ha sido documentada por el propio Colegio.
Esta primera etapa incluyó tótems, una parada de autobús y una valla publicitaria de gran formato. En los próximos días está prevista la instalación de publicidad en las traseras de autobuses que circulan tanto en rutas de la Gran Área Metropolitana como en rutas regionales, con mensajes similares orientados a visibilizar los atrasos salariales que afectan a profesionales de Enfermería.
Se trata, por tanto, de una campaña de alcance progresivo y nacional, concebida para colocar en la agenda pública una problemática laboral que esta Corporación considera urgente y que requiere respuestas concretas.
¿Qué razones les dieron para retirarla, si era una campaña pagada por el Colegio?
Es importante precisar que el Colegio no solicitó su retiro, no desistió de la campaña ni autorizó voluntariamente la suspensión de ese espacio publicitario.
La decisión fue comunicada directamente por la empresa contratada, situación que generó una inmediata preocupación institucional por las razones que habrían motivado el retiro y por las implicaciones que este hecho podría tener para el ejercicio de la libertad de expresión de esta Corporación.
La empresa nos informó, primero mediante una comunicación telefónica y posteriormente por correo electrónico, que debía proceder con el retiro de la publicidad, señalando que dicha instrucción habría sido girada directamente por “personeros del Gobierno”.
Precisamente por la gravedad de esa afirmación, consideramos indispensable esclarecer de manera formal quién emitió esa instrucción, bajo qué fundamento jurídico, mediante qué autoridad y con qué justificación se pretendió retirar una publicidad que fue legalmente contratada y pagada.

Estamos ante un asunto que no puede ser reducido a una diferencia comercial entre una empresa y su cliente. Si efectivamente existió una instrucción proveniente de una autoridad pública para retirar una campaña de carácter gremial, estaríamos ante un hecho que merece una revisión seria desde el punto de vista institucional, jurídico y democrático.
Por esa razón, hemos iniciado las acciones correspondientes para establecer con precisión lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.
¿Cuánto costó la campaña?
La publicidad supera la inversión de los $10.000 (unos ¢4.562.466).
¿Han recibido presiones de la Caja o el gobierno?
Hasta este momento, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica no había recibido una comunicación oficial directa de la Caja Costarricense de Seguro Social, ni del Gobierno solicitando suspender la campaña o retirar la publicidad.
Sin embargo, la comunicación realizada por la empresa contratada cambia sustancialmente el escenario, pues se nos indicó que la orden de retiro habría obedecido a una instrucción proveniente del Gobierno.
Para esta Corporación, ese señalamiento es sumamente delicado. El Colegio tiene no solo el derecho, sino también el deber institucional de defender públicamente los derechos laborales de los profesionales de Enfermería y de señalar aquellas situaciones que puedan vulnerarlos.
¿A cuántas enfermeras se le están atrasando los salarios?
De acuerdo con la información dada a conocer por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica mediante un comunicado de prensa publicado el 30 de septiembre de 2026, con el uso de un formulario habilitado entre el 25 y el 29 de ese mes para documentar directamente los casos de profesionales y personal de apoyo que reportaban atrasos salariales o pagos incompletos, se documentó que más de 700 personas han sufrido atrasos.
De esos casos, 8 de cada 10 registran afectaciones de dos meses o más y el 83% corresponde a mujeres. Entre las principales afectaciones se reportaron problemas con salario ordinario, dedicación exclusiva, tiempo extraordinario, incapacidades, diferencias salariales y pagos parciales.
Es importante precisar que estos reportes corresponden a casos documentados directamente por el Colegio y no necesariamente representan la totalidad de personas afectadas. Por esa razón, hemos solicitado a la CCSS determinar con precisión cuántas personas tienen pagos pendientes, qué conceptos se les adeudan y desde cuándo.
¿Qué problemáticas ha acarreado a sus afiliadas?
Las consecuencias han sido profundamente humanas y económicas.
Detrás de cada atraso salarial existe una persona que debe cumplir con el pago de vivienda, alimentación, servicios básicos, préstamos, transporte, educación de sus hijos y demás obligaciones familiares. El incumplimiento en el pago del salario no es un asunto administrativo menor; tiene un impacto directo sobre la estabilidad y la dignidad de quienes trabajan.
Hemos recibido reportes de profesionales que han acumulado atrasos durante varios meses, que han recibido pagos parciales o incompletos y que han debido afrontar compromisos financieros sin contar oportunamente con la remuneración correspondiente por el trabajo ya realizado.
Por esa razón, el Colegio ha sostenido desde el inicio una posición clara: el salario no es un privilegio; es un derecho. Trabajo realizado, trabajo pagado.
Y precisamente por eso, consideramos especialmente grave que una campaña cuyo único propósito es visibilizar esta realidad pueda ser objeto de una orden de retiro.
¿Qué acciones tomarán?
Como Corporación gremial, estamos ejerciendo todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan para esclarecer lo sucedido y defender dos principios que consideramos fundamentales, como es el derecho de las personas trabajadoras a recibir oportunamente su salario y el derecho que tenemos a expresarnos públicamente en defensa de nuestros agremiados.
Si se comprobara que una autoridad pública intervino para limitar una campaña de denuncia gremial, estaríamos frente a un precedente sumamente preocupante, porque la libertad de expresión no puede depender de que el contenido de una campaña resulte cómodo o conveniente para una institución pública.
