(Imagen Recope/Archivo CRH).

(Imagen Recope/Archivo CRH).

Una nueva acción de inconstitucional contra la convención colectiva de Recope fue presentada por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

Recientemente la Sala Constitucional dio curso a un recurso presentado por el diputado Otto Guevara.

Ahora,la Cámara acudió a esta vía porque “no acepta el aumento de los ya elevados precios de los combustibles, asumiendo gastos excesivos y no requeridos para brindar el servicio”.

“Es claro que 8 rubros de la convención colectiva de Recope que suman cerca de ¢5 mil millones no son requeridos para brindar el servicio y por tanto no pueden ser cargados a los precios de los combustibles que pagamos todos los costarricenses”, alegó Enrique Egloff, presidente de la CICR.

Las 8 cláusulas

Estas son las cláusulas de la convención colectiva objetadas en la acción de inconstitucionalidad:

1.- Artículo 48: Los permisos para la participación de cursos sobre el cooperativismo y la asistencia a Asambleas de Delegados, se extenderán hasta para 5 trabajadores por año, por un mes calendario cada uno que podrá ser fraccionado, para atender cursos de capacitación y asistencia a congresos de carácter cooperativo nacionales e internacionales. Esta cláusula representa un costo adicional de ¢8.500.107.

2.- Artículos 85 y 86: Los gastos por concepto de psicología laboral y trabajo social desarrollan experiencia en la organización y comportamiento humano, se tratan prácticas inadecuadas, motivación, desgaste emocional mental y físico, canales de comunicación distorsionados, entre otros. Adicional a lo anterior se otorga atención odontológica y ginecología a los funcionarios de la empresa, mediante la cual se busca la prevención de enfermedades o la detección temprana de las mismas. Esta cláusula suma un total adicional de ¢148.274 699.

3.- Artículo 103: Los programas de becas tienen como objetivo fundamental constituirse en un apoyo socioeconómico para los trabajadores y sus hijos. La beca para el grupo de secundaria de los hijos se gira en un único tracto al año, en el caso de estudios universitarios, para el trabajador o sus hijos, el desembolso se realiza en 2 tractos contra rendimiento académico. Representa un costo de ¢2.421.322.

4.-Artículo 110: Se implementa el pago de una ayuda socioeconómica, para los funcionarios que cumplieran con los requisitos señalados en el Reglamento para regular la entrega del importe económico destinado para el cuido de los hijos(as) de los trabajadores (as) de Recope, que pudieran acceder a este rubro. Esta cláusula representa un costo adicional de ¢10.397.661.

5.- Artículo 137: Son aportes realizados por Recope que buscan capitalizarlo, para que, junto con los aportes de los funcionarios, se brinden diferentes modalidades de préstamos para vivienda, educación, servicios médicos, etc. ¢3.159.502.057. Además incluye gastos administrativos del fondo ¢784.141.294.

6.- Artículo 143: Recope financia el seguro colectivo de vida relacionado con el Fondo de Ahorro, préstamo, vivienda, para garantizar en caso de muerte del trabajador, el pago de los aportes y los créditos otorgados. Esta cláusula representa un costo adicional de ¢53.889.728.

7.- Artículo 152: Recope mantiene un precio razonable a sus trabajadores de los alimentos que se expanden en sus sodas. Esta cláusula representa un costo adicional de ¢605.363.830.

8.- Artículo 107: La empresa aportará la suma de ¢6 millones 200 mil anuales para el desarrollo de toda clase de actividades sociales, sindicales, deportivas y culturales, en beneficio de sus trabajadores y familias. Esta cláusula representa un costo adicional de ¢12.158.082.

Para la Cámara, esas cláusulas impiden que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fije tarifas equitativas en materia de combustibles, ya que incluyen una cantidad de gastos de la institución ajenos a la prestación del servicio público.

Por esto, consideran que las cláusulas son inconstitucionales por violación de un derecho fundamental de los consumidores al incluir costos no necesarios para fijar los precios.

Además, advierte que Recope no está autorizada legalmente para incluirlos, ya que esto constituye un nuevo tributo.

“Estamos entonces en presencia de un subsidio para favorecer a los empleados de Recope que pagan todos los usuarios del servicio público. Tales subsidios sólo pueden crearse por ley“, enfatizó la cámara.

En total el gasto anual de estas 8 cláusulas que impugnan, es de ¢4.784 millones.

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