Nacionales Gobierno
También pide a diputados pronta aprobación de ley contra el maltrato animal
Colegio de Psicólogos repudia peleas de gallos
- "Desde hace más de un siglo en Costa Rica semejantes maltratos son ilegales", recuerda

El Colegio de Psicólogos censuró las peleas de gallos. (CRH).
El Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica (CPPCR) repudió las peleas de gallos y pidió a los diputados la pronta aprobación de el proyecto que castiga el maltrato animal, la Ley de Bienestar Animal, que se encuentra en el plenario legislativo.
En un pronunciamiento público, el CPPCR recordó que desde más de un siglo en Costa Rica “semejantes maltratos son ilegales”, y expresó su preocupación por grupos que pretenden “regresar a las épocas en las cuales era usual presenciar actos sanguinarios sin inmutarse, incluso muchos realizaban apuestas a costa de las heridas de los animales”.
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“El CPPCR repudia todo acto de violencia y manifiesta que en lugar de querer regresar a tiempos más sangrientos, por nuestra paz y salud mental, debemos asumir la responsabilidad de denunciar hechos violentos e ilícitos como son las peleas de perros y gallos”, indica el comunicado.
Según el colegio, distintas investigaciones demuestran la relación entre abuso infantil, violencia doméstica y abuso animal.
“¿Queremos desarrollar una cultura de paz? ¿O volver al pasado y aceptar el maltrato hacia los animales, como es el caso de las peleas de gallos? No deberíamos siquiera tener que contestar esta última pregunta, pues numerosos estudios indican que cuando alguien disfruta viendo sufrir al prójimo, nos encontramos ante una conducta peligrosa”, señalan los profesionales.
El Colegio emitió el pronunciamiento días después de que el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, sorprendió a sus compañeros de bancada, y a los diputados de otras agrupaciones políticas, en una intervención en la que defendió las peleas de gallos y anunció que no votará a favor de la ley.
El proyecto, que castiga la crueldad contra los animales con penas de entre 6 meses y 3 años de prisión, se encuentra a la espera de su trámite final de votación en primer y segundo debate en el Congreso.
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