Este mes se registraron un total de 50 acciones de protesta. La agenda giró en torno a demandas asociadas con los impactos de la pandemia del COVID-19, a problemáticas asociadas al inicio del ciclo lectivo, al desarrollo y la agenda política del proceso electoral nacional, a las condiciones laborales y de residencia en los centros penitenciarios, y el alza en las tarifas eléctricas. En primer lugar, continúan acciones en contra de la obligatoriedad de la vacunación para personas trabajadoras, para exigir la suspensión de las restricciones sanitarias y para defender las condiciones laborales de las personas trabajadoras de la salud. En segundo lugar, el deterioro y las malas condiciones de la infraestructura de algunos centros educativos públicos motivan a estudiantes, padres y madres de familia a cerrar las instalaciones de los mismos para exigir mejoras en sus escuelas y colegios. En tercer lugar, resaltan acciones asociadas a la desigualdad en las condiciones de participación de los partidos políticos que compiten por la presidencia de la República, así como a las demandas específicas del sector empresarial y laboral a los partidos políticos en la contienda. En cuarto lugar, se presentan acciones en centros penitenciarios protagonizadas tanto por personas funcionarias de la policía penitenciaria, por las malas condiciones laborales, así como por personas privadas de libertad, para exigir una mayor apertura en la política de visitas familiares, ante la disminución nacional de los casos de COVID-19. Finalmente, sectores del empresariado nacional se manifiestan contra las alzas en las tarifas del servicio eléctrico, tras considerar que estas atentan contra la competitividad y la reactivación económica.