Defensoría aclaró que la Asamblea Legislativa sí podía conocer el caso de Fabricio Alvarado antes de que la presidenta archivara el expediente 

La Defensoría de los Habitantes de la República notificó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, que el plenario sí podía analizar los informes emitidos por la comisión legislativa que analizó las acusaciones por acoso y abuso sexual que se han interpuesto contra el Fabricio Alvarado.

A pesar de eso, la oficialista tomó la decisión de acoger un criterio del Departamento de Servicios Técnicos, según el cual no  se podría continuar continuar el trámite en el Plenario Legislativo debido a que Alvarado ya no es diputado.

Es pertinente recordar que meses atrás la exdiputada y asesora legislativa Marolín Azofeifa anunció al jefe de la fracción ultra conservadora y pastor evangélico Fabricio Alvarado por acoso y abuso sexual.

Las denuncias obligaron a abrir, tanto una investigación penal contra el ahora ex legislador, como a instalar una comisión legislativa para analizar la evidencia existente.

El mencionado órgano legislativo analizó múltiples piezas de evidencia y testimonios, y generó tres informes finales, dos que concluyen que los hechos eran reales y era necesario aplicar sanciones, y uno más en que establecía que no se podían aplicar sanciones pues el caso estaba judicializado.

Estos informes fueron remitidos al plenario legislativo para su estudio y votación pero la legislatura anterior no alcanzó a verlos.

Una vez que asumió la nueva Asamblea Legislativa y la chavista Yara Jiménez llegó a la presidencia de ese órgano, el caso debió analizarse,, pero el pasado 14 de mayo la jerarca decidió archivarlo alegando que como Alvarado ya no es diputado, no cabe la sanción.

El criterio asumido por la presidencia legislativa contradice no solamente lo establecido por la Defensoría sino que se contrapone también a la opinión emitida por la Dirección de Asesoría Legal,  en la que señaló que los informes debían seguir su curso.

En el documento, al cual Universidad tuvo acceso, la Defensoría establece claramente el hecho de que la persona denunciada ya no ocupa el cargo, esto no exime de la responsabilidad de brindar “una respuesta en el ámbito administrativo sobre los hechos denunciados”.

La entidad aclaró que además los hechos podrían conocerse en otras vías de responsabilidad, como la penal pero que el análisis en varias vías “no se excluyen entre sí, por lo que su eventual tramitación no sustituye ni suspende la obligación de la Asamblea Legislativa de conocer, valorar y resolver los hechos en el ámbito administrativo”.

También aclaró que incluso en aquellos escenarios  en los que la persona denunciada ya no ocupe el cargo, “si del análisis realizado se determina la responsabilidad por hostigamiento sexual, la consecuencia institucional no se agota en la posibilidad de ejecutar materialmente una sanción, sino que también cobra relevancia el registro de personas sancionadas previsto en la Ley N° 7476, como mecanismo de prevención y resguardo institucional”.

Por eso, la entidad llamó a la nueva integración legislativa a valorar los informes técnicos existentes en el expediente y asegurar que se diera un análisis conforme a los principios de la ley.

“La ausencia de una respuesta institucional clara en este tipo de procedimientos compromete la responsabilidad institucional y transmite tolerancia frente a estas conductas”, concluyó la Defensoría de los Habitantes.

 

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