
Un nuevo incendio se produjo en el Plenario, luego de que la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), espoleada por el diputado Gonzalo Ramírez, impulsó la noche de este jueves la aprobación de una moción para investigar declaraciones de la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La diputada había salido al paso a Ramírez en un control político indicando que en una ocasión, recibió la oferta de un pastor para darle 42 mil votos a cambio de ₡420 millones, lo que el diputado del PPSO consideró como una generalización que ofendía a todos los cristianos, y solicitó una investigación.
Por su parte, diputados de oposición consideraron la moción como un intento del oficialismo de intimidar y cuestionaron el doble discurso, ante las denuncias de investigación que el propio Ramírez, en la comisión de Control de Gasto Público se dedica a bloquear.
Pero la temperatura se elevó con una participación de Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, quien declaró que no se trataba de una discusión entre nosotros y ustedes (en relación al Gobierno y los diputados de oposición), sino «un tema de cómo vamos definiendo que cosas se pueden decir aquí y que cosas no se pueden decir aquí».
El resultado fue un rosario de reclamos entre el oficialismo y la oposición. «Hemos sido testigos de una inquisición sin santo oficio, un procedimiento que pretende tomar a una diputada en ejercicio de su fuero y sujetarla al control político de una mayoría parlamentaria, es un pésimo precedente para la democracia y la libertad de expresión», dijo Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA).
Su compañero Edgardo Araya recordó que según la Constitución Política, los diputados gozan de un fuero que les permite hacer declaraciones sin tener que asumir la responsabilidad, porque es uno de los pilares del control político. «Hoy el mensaje es muy claro, si una diputación dice algo que molesta al Gobierno, corre el riesgo de ser censurado».
Ramírez alegó que no intentaba censurar, sino solicitar una investigación al TSE de las declaraciones de Gordienko. «No pedimos investigar a la diputada, sino a lo que dijo, ¿cual es el miedo a investigar?», dijo. Acosta, por su parte, también insistió en que se debía aclarar que el PPSO no se opone a que se investigue la corrupción.
Esto provocó reacciones alegando que el PPSO tenía un doble estándar: Sigrid Segura, del FA, recordó que solo el día de hoy, en la comisión de Control de Ingreso, que preside precisamente Ramírez, el PPSO bloqueó mociones para investigar denuncias de posibles anomalías con los casos de Open English, los CEN-CINAI, Acueductos y Alcantarillados, y el INA, sin incluir los bloqueos que Ramírez hizo a las denuncias de problemas en temas de seguridad.
Y los diputados de la oposición cuestionaron al PPSO que la molestia que les producía la posible generalización de situaciones anómalas vinculadas a los cristianos, era de un nivel similar a denuncias del propio Ramírez de acciones de partidos como el PLN de utilizar a los cristianos como botín político, o manifestaciones de diputados del PPSO de calificar de «aberrante» todo lo relacionado con el FA,
Por su parte, diputadas como Claudia Dobles, de la Coalición de Agenda Ciudadana (CAC) destacaron la preocupación por las declaraciones de Acosta, en el sentido de que se debía definir de qué se podía hablar y de qué no en el Plenario.
Tuvo que intervenir José Miguel Villalobos, del PPSO, para realizar un llamado a la calma en ambos lados, ante la exaltación de los ánimos.
Fue el cierre de una sesión en la que se votó en primer debate el primer proyecto del PPSO, el expediente 25.647, de Osvaldo Artavia, para autorizar que excedentes de un Fondo de Asistencia Económica de la Industria de Caña de Azúcar se utilizara en mitad de la zafra y no al final, para apoyar más a los pequeños productores. Se aprobó en forma unánime y curiosamente, se utilizó como un ejemplo de que se podían lograr consensos con voluntad política.
También recibió primer debate el proyecto 22.332, una autorización para donar diez lotes en Heredia, y el 24.082, para facilitar la donación de vehículos decomisados a instituciones públicas.
Recibieron segundo debate dos expedientes, el proyecto 24.880, una reforma al Código Municipal, propuesta de Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), aprobado por unanimidad, para autorizar que los Concejos Municipales puedan aprobar la creación de oficinas especiales, con enfoque de género, y asignarles presupuesto.
El segundo fue el proyecto 25.420, Ley de Protección Marina, presentado en febrero de este año por el diputado oficialista Alexander Barrantes, que el Poder Ejecutivo solicitó como prioridad a actuales diputados, para elevar de rango reglamentario una serie de medidas para la protección de instalaciones marinas, evitar sanciones por obligaciones internacionales y también se aprobó de manera unánime.
Sin embargo, la diputada Joselyn Sáenz, del FA, indicó que estaban a favor por necesidad, pero lamentó que hay temas pendientes, entre los que señaló que se requieren ₡2.800 millones para la implementación de este proyecto, carece de financiamiento. Por el momento, se asume por el Ministerio de Obras Públicas, lo que implica que se deberán tomar recursos que inicialmente tenían otro fin.
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